El gobierno español ha pagado 11 millones de euros a la empresa británica BAE Systems para adquirir el sistema de vigilancia Evident X-Stream, que sustituirá al conocido Sitel, con el que las fuerzas del estado escuchan las comunicaciones en busca de indicios de actividad delictiva.
Evident X-Stream requiere que las operadoras instalen en su red un equipo conectado con las fuerzas del estado, desde el que se intercepta la comunicación de los usuarios a los que desea hacerse el seguimiento, presuntamente bajo autorización judicial. De momento parece que no está en marcha.
Con la idea de combatir el ciberterrorismo y las amenazas a la seguridad nacional, el Ministerio del Interior ha adquirido el sistema de inspección profunda de paquetes (DPI) denominado Evident X-Stream, con la intención de ponerlo en marcha en 2017. Este sistema es similar al SITEL que existe actualmente para intervenir comunicaciones, pero orientado a la intervención de la red de datos. A día de hoy, este sistema no esta cubierto por la legalidad, por lo que serán necesarias reformas para poder implementarlo.
De hecho en Francia recientemente se han aprobado leyes para poder utilizar este tipo de herramientas pese a poder violar la intimidad de las personas. Recordar que en España recientemente se modifico la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor el 4 de Diciembre, extiende a los nuevos soportes tecnológicos la interceptación de comunicaciones y autoriza técnicas de los 'hackers' para instalar troyanos en PCs ajenos.
Pero ¿Deberá un juez estar informado de ello? Teóricamente si, pero aunque se fija como criterio general la autorización del juez, la ley habilita al ministro del Interior o en su defecto, al secretario de Estado de Seguridad para que ordene a los cuerpos policiales intervenir las comunicaciones privadas considerando esto un caso de urgencia o cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Eso sí, la intervención de Interior deberá comunicarse "inmediatamente" al juez competente, según señala el texto, dentro del plazo de 24 horas.
El problema al final es que se podrá espiar a usuarios inocentes, ya que el juez informado de la escucha, tendrá 72 horas para denegar la autorización para espiar a esa persona, y si bien el juez declare que lo actuado ha sido ilegal y no puede usarse en un procedimiento judicial, ya habrán violado su intimidad.
En el fondo,las compañías de telecomunicaciones, en la nueva ley, son las aliadas forzadas de los investigadores, que podrán servirse de cualquier medio técnico para identificar los equipos, como la dirección IP, el código IMEI (identificativo de un teléfono físico concreto) o el IMSI (distintivo de la línea de teléfono). La identificación de las personas a los que pertenecen está a un solo paso. Ningún operador podrá negarse a facilitar la labor y deberá mantener en secreto el requerimiento del juez.
De los datos que podrá descubrir algunos contenidos mejor que la competencia: acceder a llamadas telefónicas, SMS, chat, paginas web visitadas, foros, llamadas VoIP, ficheros descargados de Internet, fax, correo electrónico o geoposicionamiento de cada llamada, entre otras muchas funciones.
Las autoridades cada día tienen más poder para investigar y podrán instalar APPS en PCs o móviles para poder controlar a los usuarios sin que lo sepan los propietarios: Vivimos en una era de la información a través de Internet y dónde se defenderá antes la seguridad que la protección de nuestra intimidad. ¡Así de claro!
Enlaces: ElConfidencial
